En un artículo que escribí en el año 1994, y que publicó el diario El Mercurio, en Mayo del año anteriormente referido, señalaba que: “Los Estados Modernos se caracterizan por tener administraciones reducidas, con capacidad y autoridad suficientes para ejercerlas en democracias participativas”. En este punto cabe preguntar ¿es adecuado el tamaño del Estado chileno actualmente?. El Estado ha crecido en los últimos diez años, se han creado nuevos Ministerios y Servicios Públicos, ha aumentado el gasto público.
Sebastián Edwards destacado profesor de la Universidad de California, en un artículo publicado en el diario La Tercera de Noviembre de 2005, señalaba que “el rol del Estado es importante y esencial, pero para esto no se necesita un Estado grande, sino fuerte pero limitado. Incluso sugiere que todas las empresas incluido CODELCO, deben conformarse como sociedades anónimas a la brevedad. Una vez que las Empresas se privaticen, a lo menos el 30% de las acciones debiera venderse a los fondos de pensiones, a los trabajadores y al público en general”. ¿Debe el Estado asumir eventuales riesgos que podrían presentarse como por ejemplo: un nuevo Davilazo en Codelco, o una caída del precio del cobre por una desaceleración de la economía mundial y particularmente de China el mayor consumidor actual, o que la tecnología permita crear un material sustituto del cobre, o que la ley por tonelada de material extraído baje a un nivel que haga menos rentable la operación de las minas de cobre. No hay que olvidar lo que ocurrió en el norte de Chile con el auge del salitre, los alemanes inventaron el salitre sintético y la economía chilena sufrió un tremendo impacto. Humberstone es un testimonio de ello. Tampoco debemos olvidar otras situaciones en empresas del Estado, en que los Directorios tomaron acuerdos de cancelar indemnizaciones que se pagaron ejecutivos de ENAP (Empresa Nacional de Petróleo) Correos y ENAMI, (Empresa Nacional de Minería) que puede que legalmente haya sido correcto, pero ética y moralmente muy reprochable. O el affaire CORFO – Inverlink, situación que evidenció una excesiva delegación de autoridad y la carencia de sistemas eficientes de control. No es conveniente que situaciones como esa sucedan nuevamente, pero, como dice la letra del tango, la historia vuelve a repetirse.
Me parece que estas contingencias que podrían volver a ocurrir, son más convenientes que las asuma el sector privado. Por otra parte las empresas del Estado, especialmente como las señaladas requieren inversiones importantes para seguir siendo eficientes y competir en el mercado mundial, distrayendo recursos que el Estado debiera destinar a sectores más prioritarios y en los cuales tiene un rol relevante como por ejemplo: educación, salud, seguridad y vivienda, por señalar algunos.
Por otra parte, como señalaba Sebastián Edwards, en la entrevista antes mencionada, cito textual “es un escándalo que en Chile existan dos regímenes de control, supervisión y gobernabilidad de las empresas. Uno para el Estado y otro más transparente y exigente para el resto”.
En un seminario del Colegio de Ingenieros efectuado en Junio de 2004, en el que asistieron más de 300 profesionales, esta entidad hizo una propuesta de tener seis Ministerios en Chile. No sé si el número adecuado es seis, ocho o diez, lo que parece excesivo es que sean los veinte que actualmente son, más CORFO y SERNAM que tienen rango ministerial. La posibilidad que un Ministro se reúna con el Presidente es de uno en veintidós. En teoría de la administración se enseña que un adecuado “tramo de control” es el número de subordinados que permita al ejecutivo o gerente, realizar de la manera más eficiente sus funciones de dirección, supervisión, coordinación y control. Me da la impresión que veintidós subordinados son muchos. Es frecuente escuchar a ejecutivos y políticos del Gobierno decir que Chile tiene una de las administraciones más reducidas del mundo, es probable que lo sea en número de funcionarios, pero yo me estoy refiriendo a su estructura organizacional y en este aspecto es muy grande. Ha existido una tendencia muy marcada en los gobiernos de la Concertación de ir creando organismos estatales, últimamente, la prensa informaba que el senador Carlos Ominami es partidario de darle rango Ministerial a la Comisión Nacional de Desarrollo Tecnológico, ya que según el senador, sería la forma más eficiente de aplicabilidad a los recursos provenientes del royalty a la minería. También se escuchan voces de propuestas que apuntan a la creación del Ministerio de Seguridad y de darle rango ministerial a la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA).
El problema a mi parecer es que cuando se crea un organismo o servicio estatal, es muy difícil, más bien casi imposible que éste se desarme o desaparezca, aún cuando su inexistencia esté justificada. Esto ocurre porque los organismos del Estado, para la clase política, y en particular para los partidos gobernantes, representan cuotas de poder, por lo tanto, son reticentes a hacer desaparecer o desarmar organizaciones del Estado, porque les significa perder poder y nadie de los que gobiernan quiere que eso suceda.
En el año 1992, David Osborne y Ted Gabler, publicaron en Estados Unidos un libro titulado: “La reinvención del Gobierno y la influencia del espíritu empresarial”, el que provocó un fuerte impacto en el sector público de ese país.
El presidente Bill Clinton tomó debida nota de los consejos y orientaciones del libro, y encargó a su Vicepresidente Al Gore que preparar un programa REGO (Reinvención del Gobierno) que circuló con el nombre de Nacional Perfomance Review 1994, propuesta cuyo principio y filosofía se resumía: “el Gobierno debe tomar el timón y remar menos”, lo cual permitió al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reducir el gasto federal en US$ 108.000 millones, un poco más del actual PIB chileno.
En el caso de Chile, los Ministerios podrían agruparse por áreas o sectores homogéneos por ejemplo: a) área política (Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaria General de Gobierno); b) área económica y financiera (Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación) c) área social (Ministerio de Educación y Cultura, Justicia, Trabajo y Salud) d) área defensa y seguridad (Ministerio de Defensa( incluído Carabineros y Policía Civil) e) área productiva (Ministerio de Agricultura, Minería y Corfo f) área de infraestructura (Ministerio de Obras Públicas y Vivienda g)área de Transporte, Comunicaciones y Tecnología (Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y Tecnología). Cada área estaría a cargo de un Ministro y los actuales Ministerios a cargo de un Viceministro o Subsecretario. En resumen ocho ministros y veinticuatro viceministros o subsecretarios. El gobierno francés tiene una organización ministerial un poco parecida a esta propuesta. (ver página http://www.lesservices.service-public.fr/nacional/index.htm)
Este es otro desafío para el Estado, avanzar en el estudio y definición de cual es el tamaño más adecuado y óptimo para los tiempos actuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario