El sector que representa un serio desafío para el Estado es el de la salud. El gasto en salud ha crecido en forma sostenida desde los años 90, alrededor de un 170%. Esto se justifica, ya que se ha debido recuperar el nivel de salarios y la infraestructura del sector, el cual había sido muy postergado durante el gobierno militar. No obstante, este aumento del gasto no ha contribuido con un aumento de la productividad, sino por el contrario. El gasto por beneficiario del sistema público aumentó en un 190% y 52% en el sector privado. La demanda de este sector esta conformada por: casi tres millones de beneficiarios privados, alrededor de nueve millones y medio en el sector público, dos millones y medio en las mutuales, setecientos mil en las Fuerzas Armadas y Carabineros y el resto de la población sin previsión. “El gasto del país en salud alcanza a algo más de 6% del PIB, lo que se compara con un 8,5% de la Unión Europea y un 12% con Estados Unidos. El financiamiento del 6% sector salud es de un 2,9% sector Público y 3,4% de financiamiento privado entre copagos y cotizaciones a Isapres.”
El envejecimiento de la población es uno de los problemas que más está incidiendo en el encarecimiento de la salud. En el año 1950 había 18 mayores de 60 años por 100 mayores de 15: el 2002 había 36 y el 2020 habrá 70. O sea, todo el envejecimiento ocurrido en los últimos 50 años se va a dar de nuevo en los próximos 20. Por lo tanto, este es uno de los desafíos más importante de los que se le presentan al Estado, es un problema país y que cruza transversalmente a la mayoría de los sectores (previsión, educación, salud, vivienda, etc.) Solo en el sector salud, el Estado tiene bajo su ámbito de atención cerca 13 millones de chilenos.
También la renovación tecnológica en el área de la salud provoca aumento de los costos. Equipos quedan obsoletos muy rápidamente, incluso antes de recuperar su inversión.
El Plan Auge que garantiza un menú básico de prestaciones garantizadas a las que los chilenos tenemos derecho, ha traído algunas mejoras, pero esto no es suficiente y está lejos de ser una solución definitiva.
Soluciones al problema se han sugerido varias, en el encuentro “Chile piensa en Chile”14 se plantearon algunas como: a) apertura de las prestaciones hacia una gestión no estatal, mediante la generación de gestores hospitalarios o gestores de salud profesionales b) otra alternativa sería la autogestión hospitalaria, gestión asistencial, mediante la compra de una parte de los hospitales por sus funcionarios (una especie de capitalismo popular hospitalario)
1)Información: ICARE 2005 Jornada de Reflexión: "Chile piensa en Chile"
lunes, 22 de diciembre de 2008
lunes, 15 de diciembre de 2008
DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION
En Chile “se necesita fortalecer la regionalización y la desconcentración de la actividad económica, creando polos de desarrollo con políticas que incentiven la iniciativa privada a invertir y crear empleo y riqueza.” Con esta frase terminaba un artículo que escribí y que el diario El Mercurio publicó el 25 de Mayo de 1994.
El centralismo del país está reflejado por las siguientes cifras: el 39% de la población de Chile vive en la región Metropolitana, esta región reúne el 47% del PIB, y el resto de las demás regiones el 53%. Santiago concentra el 52% del ingreso nacional, con el centralismo se han conseguido muchas cosas indeseables, una macrocefalia de la ciudad de Santiago, y además grandes desequilibrios en términos de desarrollo humano. Santiago se ha transformado en una ciudad desagradable de vivir. La congestión vehicular, el transporte público, la contaminación, el ruido, la agresividad de su población, el aumento de los índices de criminalidad y de inseguridad ciudadana, se incrementan día a día, deteriorando la calidad de la vida cotidiana.
Hoy debiéramos dotar de mayor autonomía a los ciudadanos de las regiones para que ellos y sus autoridades decidan y resuelvan sus problemas. Hoy no son los intendentes los que deciden realmente sobre los proyectos y políticas de educación, de salud, infraestructura o vivienda. La mayor parte de esas políticas se deciden a nivel de los Ministerios respectivos en Santiago. Una regionalización en serio, pasa según mi percepción, por la elección de las autoridades regionales, que el Intendente sea un ciudadano de la región, que no sea un subordinado del Presidente. Este es un desafío para el Estado, en el cual debiéramos avanzar.
Un alternativa para crear oportunidades de desarrollo para los jóvenes de hoy y del mañana, y motivarlos e incentivarlos para no tener a Santiago como única alternativa de progreso, es creando estímulos para que los privados realicen inversiones que produzcan riqueza, empleo y progreso. Uno de estos estímulos es por ejemplo, incentivos tributarios por un período que se considere prudente, para que el inversionista se sienta motivado a arriesgar dinero y trabajo en la creación de empresas productivas.
Australia hizo eso, y ese país hoy día tiene un alto nivel de ocupación, y necesita importar mano de obra calificada.
El centralismo del país está reflejado por las siguientes cifras: el 39% de la población de Chile vive en la región Metropolitana, esta región reúne el 47% del PIB, y el resto de las demás regiones el 53%. Santiago concentra el 52% del ingreso nacional, con el centralismo se han conseguido muchas cosas indeseables, una macrocefalia de la ciudad de Santiago, y además grandes desequilibrios en términos de desarrollo humano. Santiago se ha transformado en una ciudad desagradable de vivir. La congestión vehicular, el transporte público, la contaminación, el ruido, la agresividad de su población, el aumento de los índices de criminalidad y de inseguridad ciudadana, se incrementan día a día, deteriorando la calidad de la vida cotidiana.
Hoy debiéramos dotar de mayor autonomía a los ciudadanos de las regiones para que ellos y sus autoridades decidan y resuelvan sus problemas. Hoy no son los intendentes los que deciden realmente sobre los proyectos y políticas de educación, de salud, infraestructura o vivienda. La mayor parte de esas políticas se deciden a nivel de los Ministerios respectivos en Santiago. Una regionalización en serio, pasa según mi percepción, por la elección de las autoridades regionales, que el Intendente sea un ciudadano de la región, que no sea un subordinado del Presidente. Este es un desafío para el Estado, en el cual debiéramos avanzar.
Un alternativa para crear oportunidades de desarrollo para los jóvenes de hoy y del mañana, y motivarlos e incentivarlos para no tener a Santiago como única alternativa de progreso, es creando estímulos para que los privados realicen inversiones que produzcan riqueza, empleo y progreso. Uno de estos estímulos es por ejemplo, incentivos tributarios por un período que se considere prudente, para que el inversionista se sienta motivado a arriesgar dinero y trabajo en la creación de empresas productivas.
Australia hizo eso, y ese país hoy día tiene un alto nivel de ocupación, y necesita importar mano de obra calificada.
miércoles, 10 de diciembre de 2008
El Estado chileno y su tamaño
En un artículo que escribí en el año 1994, y que publicó el diario El Mercurio, en Mayo del año anteriormente referido, señalaba que: “Los Estados Modernos se caracterizan por tener administraciones reducidas, con capacidad y autoridad suficientes para ejercerlas en democracias participativas”. En este punto cabe preguntar ¿es adecuado el tamaño del Estado chileno actualmente?. El Estado ha crecido en los últimos diez años, se han creado nuevos Ministerios y Servicios Públicos, ha aumentado el gasto público.
Sebastián Edwards destacado profesor de la Universidad de California, en un artículo publicado en el diario La Tercera de Noviembre de 2005, señalaba que “el rol del Estado es importante y esencial, pero para esto no se necesita un Estado grande, sino fuerte pero limitado. Incluso sugiere que todas las empresas incluido CODELCO, deben conformarse como sociedades anónimas a la brevedad. Una vez que las Empresas se privaticen, a lo menos el 30% de las acciones debiera venderse a los fondos de pensiones, a los trabajadores y al público en general”. ¿Debe el Estado asumir eventuales riesgos que podrían presentarse como por ejemplo: un nuevo Davilazo en Codelco, o una caída del precio del cobre por una desaceleración de la economía mundial y particularmente de China el mayor consumidor actual, o que la tecnología permita crear un material sustituto del cobre, o que la ley por tonelada de material extraído baje a un nivel que haga menos rentable la operación de las minas de cobre. No hay que olvidar lo que ocurrió en el norte de Chile con el auge del salitre, los alemanes inventaron el salitre sintético y la economía chilena sufrió un tremendo impacto. Humberstone es un testimonio de ello. Tampoco debemos olvidar otras situaciones en empresas del Estado, en que los Directorios tomaron acuerdos de cancelar indemnizaciones que se pagaron ejecutivos de ENAP (Empresa Nacional de Petróleo) Correos y ENAMI, (Empresa Nacional de Minería) que puede que legalmente haya sido correcto, pero ética y moralmente muy reprochable. O el affaire CORFO – Inverlink, situación que evidenció una excesiva delegación de autoridad y la carencia de sistemas eficientes de control. No es conveniente que situaciones como esa sucedan nuevamente, pero, como dice la letra del tango, la historia vuelve a repetirse.
Me parece que estas contingencias que podrían volver a ocurrir, son más convenientes que las asuma el sector privado. Por otra parte las empresas del Estado, especialmente como las señaladas requieren inversiones importantes para seguir siendo eficientes y competir en el mercado mundial, distrayendo recursos que el Estado debiera destinar a sectores más prioritarios y en los cuales tiene un rol relevante como por ejemplo: educación, salud, seguridad y vivienda, por señalar algunos.
Por otra parte, como señalaba Sebastián Edwards, en la entrevista antes mencionada, cito textual “es un escándalo que en Chile existan dos regímenes de control, supervisión y gobernabilidad de las empresas. Uno para el Estado y otro más transparente y exigente para el resto”.
En un seminario del Colegio de Ingenieros efectuado en Junio de 2004, en el que asistieron más de 300 profesionales, esta entidad hizo una propuesta de tener seis Ministerios en Chile. No sé si el número adecuado es seis, ocho o diez, lo que parece excesivo es que sean los veinte que actualmente son, más CORFO y SERNAM que tienen rango ministerial. La posibilidad que un Ministro se reúna con el Presidente es de uno en veintidós. En teoría de la administración se enseña que un adecuado “tramo de control” es el número de subordinados que permita al ejecutivo o gerente, realizar de la manera más eficiente sus funciones de dirección, supervisión, coordinación y control. Me da la impresión que veintidós subordinados son muchos. Es frecuente escuchar a ejecutivos y políticos del Gobierno decir que Chile tiene una de las administraciones más reducidas del mundo, es probable que lo sea en número de funcionarios, pero yo me estoy refiriendo a su estructura organizacional y en este aspecto es muy grande. Ha existido una tendencia muy marcada en los gobiernos de la Concertación de ir creando organismos estatales, últimamente, la prensa informaba que el senador Carlos Ominami es partidario de darle rango Ministerial a la Comisión Nacional de Desarrollo Tecnológico, ya que según el senador, sería la forma más eficiente de aplicabilidad a los recursos provenientes del royalty a la minería. También se escuchan voces de propuestas que apuntan a la creación del Ministerio de Seguridad y de darle rango ministerial a la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA).
El problema a mi parecer es que cuando se crea un organismo o servicio estatal, es muy difícil, más bien casi imposible que éste se desarme o desaparezca, aún cuando su inexistencia esté justificada. Esto ocurre porque los organismos del Estado, para la clase política, y en particular para los partidos gobernantes, representan cuotas de poder, por lo tanto, son reticentes a hacer desaparecer o desarmar organizaciones del Estado, porque les significa perder poder y nadie de los que gobiernan quiere que eso suceda.
En el año 1992, David Osborne y Ted Gabler, publicaron en Estados Unidos un libro titulado: “La reinvención del Gobierno y la influencia del espíritu empresarial”, el que provocó un fuerte impacto en el sector público de ese país.
El presidente Bill Clinton tomó debida nota de los consejos y orientaciones del libro, y encargó a su Vicepresidente Al Gore que preparar un programa REGO (Reinvención del Gobierno) que circuló con el nombre de Nacional Perfomance Review 1994, propuesta cuyo principio y filosofía se resumía: “el Gobierno debe tomar el timón y remar menos”, lo cual permitió al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reducir el gasto federal en US$ 108.000 millones, un poco más del actual PIB chileno.
En el caso de Chile, los Ministerios podrían agruparse por áreas o sectores homogéneos por ejemplo: a) área política (Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaria General de Gobierno); b) área económica y financiera (Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación) c) área social (Ministerio de Educación y Cultura, Justicia, Trabajo y Salud) d) área defensa y seguridad (Ministerio de Defensa( incluído Carabineros y Policía Civil) e) área productiva (Ministerio de Agricultura, Minería y Corfo f) área de infraestructura (Ministerio de Obras Públicas y Vivienda g)área de Transporte, Comunicaciones y Tecnología (Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y Tecnología). Cada área estaría a cargo de un Ministro y los actuales Ministerios a cargo de un Viceministro o Subsecretario. En resumen ocho ministros y veinticuatro viceministros o subsecretarios. El gobierno francés tiene una organización ministerial un poco parecida a esta propuesta. (ver página http://www.lesservices.service-public.fr/nacional/index.htm)
Este es otro desafío para el Estado, avanzar en el estudio y definición de cual es el tamaño más adecuado y óptimo para los tiempos actuales.
Sebastián Edwards destacado profesor de la Universidad de California, en un artículo publicado en el diario La Tercera de Noviembre de 2005, señalaba que “el rol del Estado es importante y esencial, pero para esto no se necesita un Estado grande, sino fuerte pero limitado. Incluso sugiere que todas las empresas incluido CODELCO, deben conformarse como sociedades anónimas a la brevedad. Una vez que las Empresas se privaticen, a lo menos el 30% de las acciones debiera venderse a los fondos de pensiones, a los trabajadores y al público en general”. ¿Debe el Estado asumir eventuales riesgos que podrían presentarse como por ejemplo: un nuevo Davilazo en Codelco, o una caída del precio del cobre por una desaceleración de la economía mundial y particularmente de China el mayor consumidor actual, o que la tecnología permita crear un material sustituto del cobre, o que la ley por tonelada de material extraído baje a un nivel que haga menos rentable la operación de las minas de cobre. No hay que olvidar lo que ocurrió en el norte de Chile con el auge del salitre, los alemanes inventaron el salitre sintético y la economía chilena sufrió un tremendo impacto. Humberstone es un testimonio de ello. Tampoco debemos olvidar otras situaciones en empresas del Estado, en que los Directorios tomaron acuerdos de cancelar indemnizaciones que se pagaron ejecutivos de ENAP (Empresa Nacional de Petróleo) Correos y ENAMI, (Empresa Nacional de Minería) que puede que legalmente haya sido correcto, pero ética y moralmente muy reprochable. O el affaire CORFO – Inverlink, situación que evidenció una excesiva delegación de autoridad y la carencia de sistemas eficientes de control. No es conveniente que situaciones como esa sucedan nuevamente, pero, como dice la letra del tango, la historia vuelve a repetirse.
Me parece que estas contingencias que podrían volver a ocurrir, son más convenientes que las asuma el sector privado. Por otra parte las empresas del Estado, especialmente como las señaladas requieren inversiones importantes para seguir siendo eficientes y competir en el mercado mundial, distrayendo recursos que el Estado debiera destinar a sectores más prioritarios y en los cuales tiene un rol relevante como por ejemplo: educación, salud, seguridad y vivienda, por señalar algunos.
Por otra parte, como señalaba Sebastián Edwards, en la entrevista antes mencionada, cito textual “es un escándalo que en Chile existan dos regímenes de control, supervisión y gobernabilidad de las empresas. Uno para el Estado y otro más transparente y exigente para el resto”.
En un seminario del Colegio de Ingenieros efectuado en Junio de 2004, en el que asistieron más de 300 profesionales, esta entidad hizo una propuesta de tener seis Ministerios en Chile. No sé si el número adecuado es seis, ocho o diez, lo que parece excesivo es que sean los veinte que actualmente son, más CORFO y SERNAM que tienen rango ministerial. La posibilidad que un Ministro se reúna con el Presidente es de uno en veintidós. En teoría de la administración se enseña que un adecuado “tramo de control” es el número de subordinados que permita al ejecutivo o gerente, realizar de la manera más eficiente sus funciones de dirección, supervisión, coordinación y control. Me da la impresión que veintidós subordinados son muchos. Es frecuente escuchar a ejecutivos y políticos del Gobierno decir que Chile tiene una de las administraciones más reducidas del mundo, es probable que lo sea en número de funcionarios, pero yo me estoy refiriendo a su estructura organizacional y en este aspecto es muy grande. Ha existido una tendencia muy marcada en los gobiernos de la Concertación de ir creando organismos estatales, últimamente, la prensa informaba que el senador Carlos Ominami es partidario de darle rango Ministerial a la Comisión Nacional de Desarrollo Tecnológico, ya que según el senador, sería la forma más eficiente de aplicabilidad a los recursos provenientes del royalty a la minería. También se escuchan voces de propuestas que apuntan a la creación del Ministerio de Seguridad y de darle rango ministerial a la Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA).
El problema a mi parecer es que cuando se crea un organismo o servicio estatal, es muy difícil, más bien casi imposible que éste se desarme o desaparezca, aún cuando su inexistencia esté justificada. Esto ocurre porque los organismos del Estado, para la clase política, y en particular para los partidos gobernantes, representan cuotas de poder, por lo tanto, son reticentes a hacer desaparecer o desarmar organizaciones del Estado, porque les significa perder poder y nadie de los que gobiernan quiere que eso suceda.
En el año 1992, David Osborne y Ted Gabler, publicaron en Estados Unidos un libro titulado: “La reinvención del Gobierno y la influencia del espíritu empresarial”, el que provocó un fuerte impacto en el sector público de ese país.
El presidente Bill Clinton tomó debida nota de los consejos y orientaciones del libro, y encargó a su Vicepresidente Al Gore que preparar un programa REGO (Reinvención del Gobierno) que circuló con el nombre de Nacional Perfomance Review 1994, propuesta cuyo principio y filosofía se resumía: “el Gobierno debe tomar el timón y remar menos”, lo cual permitió al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, reducir el gasto federal en US$ 108.000 millones, un poco más del actual PIB chileno.
En el caso de Chile, los Ministerios podrían agruparse por áreas o sectores homogéneos por ejemplo: a) área política (Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Ministerio Secretaria General de Gobierno); b) área económica y financiera (Ministerio de Economía, Hacienda y Planificación) c) área social (Ministerio de Educación y Cultura, Justicia, Trabajo y Salud) d) área defensa y seguridad (Ministerio de Defensa( incluído Carabineros y Policía Civil) e) área productiva (Ministerio de Agricultura, Minería y Corfo f) área de infraestructura (Ministerio de Obras Públicas y Vivienda g)área de Transporte, Comunicaciones y Tecnología (Ministerio de Transporte, Telecomunicaciones y Tecnología). Cada área estaría a cargo de un Ministro y los actuales Ministerios a cargo de un Viceministro o Subsecretario. En resumen ocho ministros y veinticuatro viceministros o subsecretarios. El gobierno francés tiene una organización ministerial un poco parecida a esta propuesta. (ver página http://www.lesservices.service-public.fr/nacional/index.htm)
Este es otro desafío para el Estado, avanzar en el estudio y definición de cual es el tamaño más adecuado y óptimo para los tiempos actuales.
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